Tras el levantamiento del general Riego, durante el Trienio Liberal (1820–1823), se impulsa la construcción del Estado liberal,
y con él se promueve una nueva división provincial, aunque primero se
recuperan las diputaciones de 1813. Se trataba de que esta división
alcanzara a todo el país, sin excepciones, y fuera la trama única para
las actividades administrativas, gubernativas, judiciales y económicas,
según criterios de igualdad jurídica, unidad y eficacia.
En enero de 1822 se aprueba, con carácter provisional, una división provincial de España en 52 provincias.
Algunas
de estas provincias aparecen por primera vez, como las de Almería y
Málaga (desgajadas del tradicional Reino de Granada), Huelva (del Reino
de Sevilla), Calatayud o Logroño, y otras aparecen con nombre nuevo como
Murcia o las Provincias Vascongadas.
Este
proyecto hace pocas concesiones a la historia, y se rige por criterios
de población, extensión y coherencia geográfica. Hay una voluntad de
superar los nombres históricos, prefiriéndose los de las ciudades
capitales. Tampoco se respetan los límites tradicionales de las
provincias, configurando un mapa nuevo. Se eliminan los enclaves de unas
provincias en otras, si pertenecen a distintos reinos, pero se
conservan muchos enclaves cuando se hallan dentro del mismo. Este
proyecto generó intensos debates por el número de provincias y la
capitalidad, pero no dejaron de ser cuestiones menores.
En
1822 se restablecieron los intendentes provinciales como delegados de
Hacienda. Pero la caída del gobierno liberal y la restauración del
absolutismo dio al traste con el proyecto. En 1823 se restablecen las
provincias del Antiguo Régimen por lo que el plan de 1822 nunca llegó a
entrar en vigor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario